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Alberto Fernández deberá declarar el 15 de febrero en el juicio contra Cristina Kirchner

Como los demás ex jefes de Gabinete K, el presidente fue citado por pedido de la vice, para negar el direccionamiento de contratos para Báez.

Después de su gira por Rusia y China, el presidente Alberto Fernández deberá declarar el 15 de febrero ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de juzgar a Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública. La nueva fecha fue fijada por los el TOF, que esta semana comenzó a tomar declaración testimonial a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, por pedido de la vicepresidenta. El nuevo calendario incluye a Sergio Massa, que deberá declarar el 21.

Ante el TOF 2, presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso, comenzarán a declarar quienes estuvieron al frente de la jefatura de gabinete de ministros durante los doce años del gobierno kirchnerista. La sugerencia la realizó la vicepresidenta, como parte de su estrategia de defensa en el caso donde se la procesó por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez. También pidió que sea citado su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.

La vice sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.

Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.

Es por ese motivo que pidió –cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.

A raíz de la gira que el presidente encabeza por Rusia y China, y a través de un breve escrito, Alberto Fernández solicitó una nueva fecha para declarar. Por ese motivo el TOF 2 notificó que el 15 de febrero es la nueva fecha asignada. Asimismo, se determinó que el 21 será el turno de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente del a Nación, al igual que el ministro de Seguridad –Aníbal Fernández, citado para el martes 8- pueden realizar su declaración por escrito, tal como lo contempla el Código Procesal Penal.

Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.

Esta semana declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó “utilizar las audiencia con fines electorales”, consideró que el juicio “sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública” y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación “se busca desprestigiar a Cristina Kirchner”.

La imputación

La vicepresidenta fue enviada a juicio oral por el juez Julián Ercolini junto a otros doce imputados, bajo la premisa de que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

A la hora de evaluar las responsabilidades en esa supuesta estructura delictiva, se sostuvo que Cristina Kirchner fue la jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, sostiene el requerimiento fiscal tras analizar todas las licitaciones adjudicadas al Grupo Austral.

Cuando fue indagada en el juicio, días previos a asumir como vicepresidenta, en su explosiva declaración se dirigió al TOF 2 y dijo: “Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”.

Avalando la teoría de su compañera de fórmula, que sostuvo en este juicio que era víctima de una persecución política, el presidente Alberto Fernández había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Ercolini que llevó adelante la causa- y dijo que iban a “tener que dar explicaciones”, por las resoluciones que condujeron a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción.

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