Atentados en Rosario: la temible coincidencia en los ataques mafiosos a escuelas y restaurantes

Seis estaciones de servicio, dos escuelas, un sindicato y dos locales gastronómicos lleno de comensales fueron atacados a tiros en Rosario entre el martes 9 de noviembre y el domingo 21. Curiosamente, en ninguno de los atentados hubo persecuciones policiales posteriores, pese a los refuerzos de agentes federales que envío el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de policías federales y gendarmes. Más allá del hermetismo de la investigación, no hay una motivación clara que pueda explicar esta violenta saga.

La seguridad pública en Rosario atraviesa un momento crítico. En lo que va del año, según cifras oficiales, se superaron los 200 crímenes y la Justicia en promedio llegó a acumular hasta 20 consultas de ataques a tiros por semana, según informó la fiscal Valeria Haurigot, parte de la Unidad de Investigación y Juicio especializada en balaceras, creada por la cantidad de hechos de etsas características. Los principales líderes de bandas narco como el ocho veces condenado “Guille” Cantero o Esteban Lindor Alvarado están presos, pero siguen activos a través de sus teléfonos o de sus visitas.

De la serie de intimidaciones públicas se desprenden varias líneas investigativas. El eje principal es que todas las víctimas refieren no haber recibido amenazas previas ni mensajes extorsivos, donde se le ofrece “protección” a cambio de dinero como la antigua mafia.

Una de las hipótesis, sugeridas por fuentes gubernamentales, indica que los nuevos ataques estarían vinculados a presos de alto perfil que piden mejores condiciones de detención. Concretamente, entre finales de junio y noviembre fueron retirados de cárceles provinciales varios cabecillas narco y fueron llevados a penales federales en territorio bonaerense, un proceso acelerado por la brutal fuga del penal de Piñero a fines de junio.

En ese marco, esas fuentes señalan que el jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille”, Cantero busca a través de los tiros “negociar” su traslado desde el penal federal de Marcos Paz a la unidad penitenciaria de Piñero, en Santa Fe, donde ya estuvo alojado un tiempo.

Hay investigadores judiciales que tienen la sospecha de que “Guille” Cantero estuvo detrás de solo algunas intimidaciones. Por ejemplo, las ocurridas en las escuelas Santa Isabel de Hungría, de Cafferata al 4000, de la zona oeste, y Crisol, situada en Magnano al 6300, en la zona sur.

Por otra parte, hay un dato que no soslayan los fiscales que intervienen: en ninguno de los once ataques hubo persecuciones policiales. Incluso ni en la que ocurrió frente al predio de la Jefatura de la propia fuerza de seguridad local. Eso podría abrir un manto de sospecha de un mensaje de la tropa al gobierno en el pedido de un aumento del salario o de una solicitud de un cambio de cúpula.

Mientras tanto, la investigación sobre los once atentados se desdobla en dos partes y se trabaja con dos grupos de fiscales: el equipo de balaceras integrado por los fiscales Valeria Haurigot, Pablo Socca y Federico Rébola investigan los ocurridos en estaciones de servicios, Sindicato de Camioneros y locales gastronómicos. Por el otro, la Agencia de Criminalidad Organizada con los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que se encargan de los disparos que fueron efectuados contra las dos escuelas.

La parrilla Jorgito Junior’s, otro de los blancos.

Los dos grupos de fiscales investigan por un lado los motivos de los ataques, quiénes los planificaron y quiénes los ejecutaron. Pero, por otra parte, pidieron ante el Ministerio de Seguridad información sobre la casi nula respuesta policial ante cada uno de los hechos, ya que no hubo ninguna persecución, ni de la Policía santafesina, ni de Gendarmería ni de la Policía Federal, que vinieron a reforzar las tareas de prevención y combate al delito.

Un dato para nada menor es que los últimos dos atentados contra locales gastronómicos se dieron en la víspera de un feriado, en lugares muy transitados y conocidos, y a pocos metros de agentes federales. Por eso, los fiscales solicitaron saber qué personal estaba asignado a los dos corredores del domingo pasado, cuántos estaban observando cámaras de vigilancia para facilitar la persecución, y cómo se coordinaron las tareas entre la Policía local y las fuerzas federales para ir en busca de los gatilleros.

Se sospecha, según fuentes del caso, que la articulación no existió y que la reacción fue demasiado tardía, ya que en el caso de la parrilla llena de comensales El Establo el sicario demoró unos 30 segundos en llegar solo en su moto, decirle al parrillero que se corra, disparar, guardar el arma y fugarse a contramano.

En orden cronológico, las intimidaciones comenzaron el martes 9 de noviembre, cuando desde una moto dispararon contra una estación de servicio Axion de San Martín y Saavedra, cuyo dueño fue el presidente de la cámara de estacioneros de Rosario, Daniel Giribone.

El 10 de noviembre hubo dos balaceras contra estaciones. La primera fue en una de ciudad de Villa Gobernador Gálvez –localidad situada al sur de Rosario– y otra ubicada en Mendoza y Circunvalación, una zona con mucho tránsito en la zona noroeste.

El 11 de noviembre fue baleada la estación de servicio YFP que está en Ovidio Lagos al 5200. A metros, literalmente, se ubica el predio de la Jefatura de la Policía de Rosario. En todos los ataques registrados, los disparos impactaron en los kioskos de las estaciones. En la YFP se dio la particularidad de que también dieron contra un camión que cargaba combustible.

Marca del crimen: uno de las vainas encontradas en la parrilla El Establo.

La balacera frente a la propia policía fue tomada en un principio como una “mojada de oreja” por parte del Ministerio de Seguridad, que hacía pocos días había cambiado la cúpula, poniendo como titular de la Unidad Regional II a Emilce Chimenti, quien es al mismo tiempo la jefa de la Policía de toda la provincia. La medida fue una suerte de intervención, aunque no fue comunicado así por el gobierno provincial.

Además, los estacioneros tomaron la decisión de no trabajar en el turno nocturno, pero luego en una reunión con el ministro de Seguridad Jorge Lagna dieron vuelta la medida ante la garantía de presencia policial en cada uno de los puntos de venta de combustible.

Entre el sábado 13 por la noche y el domingo 14 por la madrugada fueron atacadas las dos escuelas, en Cafferata al 4000 y en Magnano al 6300. Hubo una particularidad en los dos hechos. En “Santa Isabel de Hungría” balearon por la madrugada, cuando había personal del Ejército en el interior, ya que allí se votaba en las elecciones legislativas generales. En tanto, en “Crisol” no se sufragaba, pero dejaron un llamativo cartel que decía: “O se comunica con la mafia o siguen las balaceras”. Un mensaje claro de intento de negociación para los investigadores y el Gobierno. Sin embargo, no tenía un remitente.

Para los fiscales, hay desconcierto en la mutación de las balaceras. En sus comienzos eran entre bandas narco que se disputaban territorios. Luego, comenzaron los ataques a domicilios que pretendían los transas para echar a sus dueños e instalar puntos de venta de droga. Después, a comercios que se negaban a pagar un dinero mensual en concepto de “protección”, como se hacía con la antigua mafia. En todos esos casos siempre se avanzó hacia una motivación, pero en esta saga de intimidaciones pareciera no haber una respuesta sencilla a la vista.