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Avanza en Colombia la imputación contra Nicolás Petro: este martes será formalmente acusado por lavado y enriquecimiento ilícito

La audiencia será clave para saber con qué pruebas cuenta la Fiscalía y qué futuro le aguarda al caso que golpea al gobierno de Gustavo Petro.

En un nuevo escándalo que envuelve al gobierno de Gustavo Petro, su hijo mayor Nicolás enfrentará este martes la imputación formal por parte de la fiscalía de dos delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los que él y su ex mujer, Daysuri Vázquez Castro fueron detenidos en Barranquilla, el sábado, y luego llevados a Bogotá.

El juez 74 penal con función de control de garantías de Bogotá declaró la sesión del martes como reservada.

La Fiscalía formulará cargos en contra de Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez Castro enfrentará acusaciones por lavado de activos y violación de datos personales. Además, la Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento.

El caso representa un duro golpe al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, al ser la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente en funciones es detenido y acusado de recibir fondos ilícitos para la campaña, lo que ha llevado a la oposición a solicitar una investigación en torno al mandatario.

Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, y su exesposa Daysuris Vasquez.Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, y su exesposa Daysuris Vasquez.

En solo dos días, la pareja de imputados se convirtió en la protagonista del escándalo judicial y político del momento en Colombia. “Aunque el caso es de interés nacional, aún no se conocen las pruebas que tiene a Fiscalía en su contra por supuestamente haber recibido dinero de exnarcos y cuestionables empresarios para la campaña a la Presidencia de su padre”, escribió este lunes el diario El Espectador.

Según el diario colombiano, durante el allanamiento y detención de la pareja, la Fiscalía encontró en el inmueble 25 millones de pesos en efectivo (unos 6.300 dólares), que ahora la defensa del diputado del Atlántico por Colombia Humana pide que sean devueltos.

El argumento de los abogados del hijo mayor del presidente Gustavo Petro es que el dinero estaba destinado al cuidado del embarazo de su actual pareja, Laura Ojeda, quien tiene ocho meses de gestación.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso que tuvieron acceso a la audiencia reservada le confirmaron a El Espectador que el juez se abstuvo de pronunciarse sobre ese dinero. La Fiscalía, por su parte, sostiene que fue decomisado por su posible relación con los delitos por los que investiga a Nicolás Petro.

Nicolás Petro y Daysuris Vasquez, durante una audiencia judicial, este domingo. Foto: AFPNicolás Petro y Daysuris Vasquez, durante una audiencia judicial, este domingo. Foto: AFP

Como parte de la investigación, la fiscalía también recolectó innumerables conversaciones que se encontraban en el celular de la exesposa de Petro Burgos, los cuales constarían como elementos probatorios de la imputación.

Según indica el diario colombiano, Lo más esperado del caso es saber las cartas que jugará la Fiscalía en su contra en la audiencia de imputación del martes, cuando se vinculará formalmente a Petro Burgos y Vásquez a la investigación.

Esta diligencia fue programada para las 8:00 de la mañana (hora local)  del marte, día en el que también se espera que se realice la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Lo que logre demostrar la Fiscalía será clave para el futuro del proceso y dará las puntadas de para dónde va el escándalo judicial y político, a solo siete días del primer año de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.​

El inicio del caso

El caso deriva de las declaraciones de Vásquez Castro a inicios de marzo a la revista Semana, a la que mencionó que el hijo del mandatario colombiano habría recibido recursos ilícitos para el financiamiento de la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con ellos para invertirlos en una casa.

Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, junto a su exesposa Day Vásquez. Foto: EFEFotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, junto a su exesposa Day Vásquez. Foto: EFE

Según Vásquez Castro, su exesposo había recibido unos 600 millones de pesos (125.000 dólares) de Samuel Santander Lopesierra, conocido en Colombia como el “Hombre Marlboro”, y unos 400 millones de pesos (83.000 dólares) de parte de Alfonso “El Turco” Hilsaca.

Lopesierra fue condenado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, mientras que Hilsaca tiene pendiente una decisión judicial por presunto homicidio y asociación delictuosa.

Nicolás Petro, de 37 años y abogado de profesión, negó las acusaciones de su exesposa y se puso a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones. Estuvo casado con Vásquez entre 2019 y 2022.

Una condena de entre 15 y 20 años de prisión

El exfiscal Alfonso Gómez explicó a The Associated Press que los involucrados enfrentan una condena de entre 15 y 20 años de prisión. Pero en entrevista telefónica aclaró que dependerá de cómo se desarrolle el proceso.

Gómez no descartó la posibilidad de que Vásquez, quien pasó de ser denunciante a imputada, pueda concretar un acuerdo que permite “la liberación de pena a condición de que cuente toda la verdad”.

El presidente Petro reconoció el sábado que, como persona y padre, le duele la situación de su hijo, pero en su calidad de presidente de la República aseguró que la fiscalía tendrá todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley.

“Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, declaró Petro en la red social X, conocida anteriormente como Twitter. El mandatario le deseó “suerte y fuerza” su hijo y aspiró “que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.

La detención del hijo del presidente desató diversas reacciones.

El equipo de gobierno y la vicepresidenta, Francia Márquez, cerraron filas en respaldo al jefe de Estado, exaltando su posición de no intervención, mientras que el partido gobernante Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía y a los jueces el cumplimiento de las garantías procesales y la imparcialidad en el proceso.

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