Cómo continuará la discusión en el Consejo de la Magistratura luego del revés que sufrió el kirchnerismo en la Corte

La presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau no cumplió el procedimiento: no podía haber retirado las designaciones sin la previa intervención de los bloques, encargados de designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Palabras más, palabras menos, la Corte Suprema de Justicia recogió este argumento para ignorar la resolución que había dictado la diputada massista del Frente de Todos anulando la designación de los cuatro legisladores de la Cámara Baja, que derivó en un escándalo en el Congreso. Y así, ordenó proceder con la toma de juramento de los diputados Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes como nuevos integrantes del organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los magistrados.

Así se desprende del fallo que dictó en la tarde del jueves la Corte Suprema, con la firma del presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Precisamente, esa jura ya había sido ordenada el 25 de noviembre. Luego un fallo judicial devino abstracto y se dictó una resolución cuyos efectos terminaron en una sesión de gritos y gestos en la Cámara Baja.

El nombramiento de los senadores consejeros sigue en veremos. Allí el punto de observación es el senador k Martín Doñate. Pero en el mientras tanto tampoco juraron los postulados Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, también del FdT y el radical Eduardo Alejandro Vischi. Es posible que, sellada la suerte de los diputados, la jura de los senadores se active, al menos para los tres que no están cuestionados. Sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia del caso de los diputados, la Corte Suprema sí debe resolver sobre el rol de Doñate, en el marco del per saltum que presentó el senador del PRO Luis Juez.

Una vez más, la Corte Suprema entró en la revisión de las decisiones legislativas que despiertan los cuestionamientos kirchneristas. ¿Por qué? Lo contestó en el fallo: “Este tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”; “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes” y “la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

“Hay que hacerlo funcionar”, decían anoche a Infobae voces del propio Consejo de la Magistratura que eran críticas con este nuevo organismo pero que no quieren quedar atrapados en la puja política del oficialismo y la posición. Hoy, el Consejo lo integran, además del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los representantes de los jueces, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alejandra Provítola; de los abogados, Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; de los académicos, Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, y del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. En los próximos días, se sumarán entonces los diputados.

La decisión de tomar juramento, aclaró la Corte, no afecta la suerte que pueda correr, por vía judicial, el planteo contra la designación de Reyes, para el período que terminó en noviembre pasado. Justamente, se trata del fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick que cuando la Corte ya había designado tomar juramento a los cuatro legisladores de la Cámara Baja decidió anular la designación para el Consejo de la diputada radical Roxana Reyes para período que ya había terminado.

Según el juez -que fue funcionario del gobierno kirchnerista antes de integrar el Poder Judicial-, no correspondía asignarle a Reyes una banca en el Consejo porque el PRO, aliado de la UCR, ya tenía una silla. Para Cormick, la UCR y Pro deben considerarse como una sola fuerza. Y lo argumentó usando como espejo el fallo de la Corte Suprema que cuestionó que el bloque del Frente de Todos en el Senado se hubiera dividido apenas comenzó a funcionar este Consejo de la Magistratura de 20 miembros. Para la Corte Suprema eso fue un “ardid” para quedarse con una banca más de la Cámara Alta.

La diputada radical Roxana Reyes y el senador k Martin Doñate, eje de las disputas por las segundas minorías en el Consejo de la Magistratura

Desde entonces, el Consejo sigue teniendo 12 miembros. Pero la Corte buscó destrabar la cuestión ratificando la orden de jura para los diputados. Lo que la Corte analizó fue que el caso de Reyes que resolvió Cormick ya había quedado abstracto, porque a diferencia del caso de Doñate la discusión sobre la designación de la radical para ese período ya había terminado. Pero, además, el fallo de Cormick declaraba la nulidad de las resoluciones que “en lo sucesivo” se dicten siguiendo las pautas que allí se consideraba irregulares, como si una sentencia pudiera anular resoluciones a futuro, señalaron las fuentes consultadas.

Sobre eso, la cuestión crucial: “al momento en que se dictó la sentencia, ya se había dictado la resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados que designaba a estos cuatro diputados y diputadas. Sin embargo, en ningún momento de la sentencia de Cormick menciona esa resolución. En ese sentido, resultó evidente entonces que la sentencia no anuló esas designaciones”, explicaron a Infobae en tribunales.

“Lo que la Corte hizo en la acordada fue ejercer un mínimo control del debido proceso legislativo. Solo analizó si las dos resoluciones (la que efectuó las designaciones y la que luego las dejó sin efectos) cumplían con el procedimiento que establece la ley. La primera resolución cumplió con ese procedimiento, porque respondió a las designaciones se hicieron a propuesta de los bloques parlamentarios, como dice la ley. En cambio, la resolución que dejó sin efecto las designaciones no cumplió con esa condición necesaria: fue un acto unilateral de la presidenta de la Cámara, sin ninguna intervención de los bloques”, se añadió.

Y una vez más, la Corte repitió lo que dice en su fallo de Doñate: el máximo tribunal no puede renunciar a “revisar que las designaciones hayan cumplido los procedimientos mínimos que establece la ley”. “Sin propuestas de bloques no puede haber designaciones. Por lo tanto, tampoco puede haber retiro de designaciones sin la previa intervención a los bloques, que fue justamente lo que en este caso no existió”, explicaron las fuentes consultadas.

El Consejo de la Magistratura de 20 miembros

Por estas horas se cumple un año del fallo en que la Corte Suprema decidió anular la composición de 13 miembros del Consejo.

Fue el 16 de diciembre del 2021 cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde hacía 15 años. Allí se sostuvo que la composición no respetaba el “equilibrio” de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y dispuso que el Congreso dicte un nueva ley con apego a ese criterio. Dio un plazo de 120 días corridos que se vencieron en abril. En esa resolución, sin el voto de Ricardo Lorenzetti, los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz entendieron que si para esa fecha no había una nueva ley, debía volver a regir el Consejo de 20 miembros.

Cuando todo era puja a la hora de cumplir ese fallo, el Frente de Todos jugó a la política: dividió su bloque en el Senado y así consiguió quedarse con tres de las cuatro bancas en juego. Las dos que ya había y la nueva que se sumaba, representada por el kirchnerista Martín Doñate. El senador del PRO Luis Juez impugnó la movida diciendo que esa silla era suya y fue a la Justicia. Cuando el caso llegó a manos del máximo tribunal, el período de esos consejeros ya estaba a punto de terminar porque comenzaba a regir una nueva composición para 2022-2026.

“La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, se advirtió en aquel momento.

Pero tras ese fallo, el Senado avaló en sesión el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi. La resolución generó que se llegaran a presentar denuncias penales contra Cristina Kirchner y a todos los senadores que votaron esa decisión por desconocer el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Si es válido o no la nueva designación de Doñate es lo que, finalmente, tendrá que resolver la Corte. En el fallo del 8 de noviembre, la Corte decía que el reparto de la banca para la segunda minoría debe respetar el escenario legislativo al 16 de diciembre, cuando la Corte dio de baja la composición de 13 miembros del Consejo. Y en ese punto se subraya que eso es así “toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara”, algo que no ocurrió en el último año.