Como anticipó LPO en exclusiva, el gobierno nacional buscará pagarle con bonos a la Ciudad tras el fallo de la Corte que concedió una cautelar a la administración porteña para que recupere más de un punto de coparticipación hasta que se resuelva el fondo del asunto. Alberto había dicho que el fallo era de “imposible cumplimiento”, pero para evitar una demanda, decidió cumplir con la decisión del máximo tribunal.
La primera señal llegó el viernes, cuando Wado de Pedro salió a despegarse del tema y filtró a los medios que su Ministerio no tenía intervención en el pago de la coparticipación y que tampoco fue parte del expediente que tramita en la Corte, aunque asistió a todas las audiencias y hasta el fallo fue quien llevó la negociación con los funcionarios porteños. La decisión de incumplir el fallo lo dejaba expuesto a una denuncia penal por desacato, al igual que a la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis, que debe ejecutar el pago.
El riesgo de enfrentar una demanda penal no era una especulación. El mismo viernes la oposición presentó dos denuncias. Elisa Carrió avanzó con un escrito contra Alberto por “alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y un sector vinculado al liberalismo hizo una presentación similar.
El temor a verse involucrados en una demanda, hizo que los funcionarios nacionales cambiaran su discurso sobre la marcha y mostraran en público su voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, aunque Alberto intentó disimular el retroceso, anunciándolo en el medio de un largo hilo de tuits con críticas retóricas al máximo tribunal.
En esos tuits insistió en anunciar que ordenó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que recuse a los miembros de la Corte y apele “in extremis” el fallo. Dos caminos que en la justicia consideran inconducentes.
Como anticipó LPO, en tribunales descuentan que el máximo tribunal rechazará por “extemporánea” la recusación. Se trata de un paso procesal que se plantea antes del fallo, no después.
Lo mismo ocurre con el recurso “in extremis”, que aplica a errores de forma o errores materiales, pero no a las cuestiones de fondo de un fallo. En todo caso esas presentaciones podrían darle algo de tiempo al Gobierno. Parece difícil que la Corte responda a las presentaciones antes de febrero, cuando termina la feria judicial.
Alberto Fernández anunció que para pagar la diferencia de copartacipación que dispuso el fallo (pasa de 1,40% a 2,95%) utilizará los bonos TX31. “Instruí a la jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, escribió en Twitter. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, está de gira por Israel, así que la decisión recaerá en su segundo, el vicejefe Juan Manuel Olmos.
No sería la primera vez que se usa una fórmula similar. En 2015 San Luis había conseguido que la Corte le diera la razón en un reclamo por retención indebida de fondos coparticipables. Macri, demoró el pago hasta que enfrentó un riesgo inminente de embargo de las cuentas del Tesoro. En ese momento, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el pago en bonos.
El pago con bonos también tiene un antecedente en este gobierno cuando resolvió en junio de este año un conflicto con Santa Fe que venía desde la época del gobernador peronista Jorge Obeid, que luego llevó ante la Corte el socialista Hermes Binner y continuó el peronista Perotti.
Con el fallo a favor de la Corte, Perotti acordó con el entonces ministro Martín Guzmán el pago de 151.800 millones de pesos en bonos actualizables por CER. Acaso por ese antecedente Perotti haya sido el único gobernador oficialista que eligió no sumarse al comunicado contra la Corte que coordinó Alberto