“Se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”, resaltó la fiscal y advirtió que si se le niegan esas medidas, acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para Boquin el fracaso del proceso de salvataje podría “producir otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores” e insistió con que el concurso de acreedores “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes” porque, si no, “se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario”.

La apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las camaristas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego de que el Estado nacional, principal acreedor, no prestara conformidad a una propuesta de pago.

Algunos meses antes, la Corte había ordenado que continuara el proceso de concurso preventivo del Correo al rechazar un recurso del Estado que pretendía una ampliación del plazo para analizar una oferta de pago.