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Discapacidad: una lucha que lleva 20 años por los derechos de su hija

Discapacidad: una lucha que lleva 20 años por los derechos de su hija

Un ida y vuelta entre la lectora y su obra social. La bronca contenida de una madre que lleva varias cartas publicadas para que se cumpla con la ley de Discapacidad. Asentar una especie de jurisprudencia moral. LA CARTA. Escribo en virtud a la preocupación por las “inexactitudes” de las que me acusa el señor Mariano

Un ida y vuelta entre la lectora y su obra social. La bronca contenida de una madre que lleva varias cartas publicadas para que se cumpla con la ley de Discapacidad.

Asentar una especie de jurisprudencia moral.

LA CARTA. Escribo en virtud a la preocupación por las “inexactitudes” de las que me acusa el señor Mariano Macedo, presidente de Unión Personal, en una solicitada publicada el domingo 30 de agosto, en Clarín.

Le hago saber que su obra social incumplió con el pago de la matrícula y las cuotas de marzo, abril, mayo y junio del corriente año como mencione en mi carta “El futuro de Maru en la escuela es incierto porque su obra social no pagó nada”, publicada el domingo 2 de agosto. Fue después de esa publicación que ustedes comenzaron a abonarlas, argumentando que las facturas se habían traspapelado. Le sugiero revise mejor su sistema de reclamos formales y allí encontrará los reiterados y numerosos reclamos que realizó el Colegio Nuevo Día, al cual va mi hija con síndrome de Williams, por el incumplimiento de dichos pagos. Ya que desde el Sector de Necesidades Especiales me informaron que debía ser la escuela quien realice los mismos. Y así fueron hechos.

Marina tiene el síndrome de Williams y va a una Escuela Especial en Ramos Mejía. Dice que la discapacidad no le interesa a nadie, y que la ley es continuamente violada.

Marina tiene el síndrome de Williams y va a una Escuela Especial en Ramos Mejía. Dice que la discapacidad no le interesa a nadie, y que la ley es continuamente violada.

Y para continuar hablando de “inexactitudes”, sobre el cumplimiento por parte de su obra social de los tratamientos que mi hija Marina necesita, le hago saber que, en 2017, su obra social no abonó en tiempo y forma el tratamiento de Terapia ocupacional por ustedes aprobado, luego de cumplir por mi parte con toda la documentación por ustedes requerida y a pesar de mis reiterados reclamos y cartas documento que jamás respondieron. Marina finalmente perdió el tratamiento, ya que comenzaron a abonarlo 10 meses después.

También, en 2018, le negaron a mi hija Marina el transporte para trasladarse a la escuela, argumentando que no correspondía por su patología, que al parecer la auditoría médica de su obra social desconoce, ya que Marina padece un síndrome que cursa con hipotonia muscular y disfunción viso-motora que junto a su retraso madurativo le impide desplazarse sola en transporte público, como me contestaron que correspondía hacerlo. A pesar de mis reiterados reclamos y los de la Defensoría del Pueblo de Ituzaingó, finalmente tuve que recurrir a un amparo judicial para que cumplieran dicha prestación, que tramita el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo, N° 2 de San Martín, expediente N° 154464/2018. Si realmente le preocupa la calidad de atención al afiliado y resalta tanto el valor de la solidaridad, le sugiero revise el sistema de atención de su obra social que deja bastante que desear, principalmente en el sector de Necesidades Especiales donde sólo se pueden realizar consultas vía mail y que jamás son respondidos, ya que no reciben consultas telefónicas y sólo se realizan en forma personal cuando justamente estamos refiriéndonos a personas con capacidades reducidas y a las cuales se les dificulta trasladarse.

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También, le sugiero revise la atención en el sector de Auditoría Médica, donde directamente se recibe un espantoso mal trato desde ese sector.

Por último, le aconsejo se tome el tiempo de leer el expediente del afiliado para no incurrir en tantas “inexactitudes”. Y, ojalá, en lugar de malgastar su tiempo y dinero de la obra social y de sus afiliados en contestarme, la próxima vez lo destine a mejorar la calidad de atención que tanto le preocupa.

Romina Fontana

romifontana_73@hotmail.com

EL COMENTARIO DEL EDITOR

Asentar una especie de jurisprudencia moral

La respuesta de Romina a su obra social es una catarata de bronca contenida desde hace 20 años. Luchó contra los sistemas burocráticos de las prestadoras y en Discapacidad, donde su pulseada para que se cumpla la ley se esfumaba cada vez que rebotaban tratamientos para su hija con síndrome de Williams. Y el ruego se convertía en peregrinación.

Desde la presidencia de Unión Personal, Mariano Macedo baja el tono: “Con respecto a los meses que estaban impagos en el colegio donde asiste su hija, fue por la demora entre la recepción de la factura y el procesamiento, situación que estaba resuelta una semana antes de salir en el diario la carta, pero la madre no lo conocía”. Sin embargo, asegura Romina que el lunes 3 de agosto, un día después de publicada la carta “El futuro de Maru en la escuela es incierto porque su obra social no pagó nada”, desde la Gerencia de Atención Personalizada de UP le dijeron que ese trámite “se había traspapelado”.

Es la primera vez que alguien del sector se acerca a la lectora. Es lo que pudo haber sido un cara a cara hace mucho tiempo. A deshora. En medio quedaron muchos años de palabras entrecruzadas. No obstante, ante la presencia de un “teléfono descompuesto” en el ida y vuelta entre prestador y socia, Macedo, quien asumió la presidencia de UP en febrero de este año cuando apenas se gestaba la cuarentena por el Covid, manifiesta que “nunca peligró la prestación de su hija que por ley de Discapacidad tiene garantizada”. Pedir por lo que tiene que ser previsto por derecho es transitar un sendero penoso. La solidaridad es esquiva y la comprensión ante la soledad en el proceso de buscar equidad, está ausente.

“Tal vez, es nuestra culpa de no haber llegado antes a la madre”, desliza Macedo que dice no encontrar reclamos posteriores, “todo es anterior a 2020”. Y deja abierto un canal: “Es nuestro compromiso que, por videollamada o teléfono, podamos ayudarla con todas las dudas”. Responsabilidad que será un desafío para respaldar a los 650.000 afiliados de UP.

Para Romina es tarde. Es difícil digerir de un día para otro y con amparos judiciales a cuestas, que todo parezca solucionarse con un simple chasquido de dedos. Quizá sirva este caso para asentar alguna especie de jurisprudencia moral. Aunque aún quede el sabor amargo de saber que hay personas discapacitadas que batallan este mismo camino en silencio.

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