El presidente de la norteamericana AES dijo que tuvo llamados con instituciones de Estados Unidos en los que se habló sobre cómo se iba a resolver la deuda que el Gobierno tiene con las compañías por los subsidios atrasados.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Argentina, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía están en alerta por la polémica entre el Gobierno y las generadoras eléctricas, luego de que la Secretaría de Energía instrumentara el pago de una deuda por subsidios equivalente a 1250 millones de dólares con el bono AE38, que implica una quita del 50%.
El presidente de AES Argentina, filial de una de las pocas empresas multinacionales que operan en el sector eléctrico (la otra es la italiana Enel), señaló este miércoles que tuvo llamadas con representantes de estas instituciones para hablar sobre el impacto en las compañías energéticas de las resoluciones 58 y 66.
Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que el Fondo “no se mete en eso”. La liquidación de la deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con un bono que cotiza a una paridad del 50% y vence en 2038 se registraría en las cuentas fiscales “bajo la línea”, por lo que no alteraría el superávit fiscal primario y financiero que consiguió el Gobierno en el primer trimestre de este año. Si se hubieran pagado los subsidios, no hubiese existido un resultado financiero positivo.
Y agregó: “Como empresa de Estados Unidos tenemos conversaciones permanentes con estas instituciones, que esta vez preguntaron cómo se va a resolver la deuda”. Consultados por Clarín, representantes del gobierno norteamericano prefieren no hacer comentarios.
Tanto las generadoras eléctricas nucleadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) y las petroleras que conforman la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) rechazaron de manera contundente la propuesta oficial para el pago de los subsidios que debió haber transferido el Tesoro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) entre febrero y marzo, por las operaciones de diciembre 2023 y enero 2024.
Para las generadoras eléctricas, entre las que están Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Enel, Albanesi, Genneia, MSU Energy y Aconcagua, la decisión del Gobierno “resulta en una afectación y alteración de los contratos, lo que desalentará futuras inversiones, es una violación a los derechos de propiedad privada; e impacta en los compromisos financieros” con los cuales las empresas se apalancaron con bancos internacionales para desarrollar sus inversiones.
Más allá del monto total de la deuda, a las empresas energéticas les preocupa la señal: mientras se estudia en el Congreso un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para facilitar una baja en el costo de capital en la Argentina, el Gobierno cambia los términos de contratos privados, algo asimilable a un “default”, entienden en el sector, una “mala señal sobre falta de seguridad jurídica”. Incluso, algunos de los fondos de inversión que prestaron dinero a estas firmas son los que en 2025 tendrán que negociar un refinanciamiento de la deuda externa con el Estado nacional.
Otra cuestión central que amarga a los ejecutivos energéticos es la actitud del Gobierno de retener los fondos de Cammesa de febrero, que se debieron haber pagado a mediados de abril. El Tesoro fondeó esas cuentas, pero no libera el dinero hasta que las empresas otorguen su acuerdo a esta propuesta.
Una alternativa que acercaron directivos del sector es que los bancos financien la transición y la deuda se pague a mediano plazo, sin una gran quita, o con un cargo a la demanda futura.
En tanto, las productoras de gas Tecpetrol (Paolo Rocca), Pampa Energía (Marcelo Mindlin), la francesa Total Energies, la alemana Wintershall Dea y la Compañía General de Combustibles (CGC, Eduardo Eurnekian) también le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que advierten que “se afecta la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector”, muy pujante en Vaca Muerta.
“Resulta altamente cuestionable y preocupante que la Resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica)”, lamentaron.
La carta de la CEPH está firmada por su presidente, Carlos Ormachea, ejecutivo de Tecpetrol. Últimamente esas misivas estaban firmadas por el abogado Manuel García Mansilla, director Ejecutivo de la Cámara, que fue nominado por el Gobierno para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
NE