El magistrado tomó la decisión luego de que el presidente Alberto Fernández relevó a su antecesor del secreto de inteligencia.
Luego de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que releva a Mauricio Macri de su obligación de mantener en secreto los detalles de las actividades de los organismos de inteligencia, el juez Martín Bava citó al ex presidente para el 3 de noviembre a las 12 para que declare en la causa en la que se investiga si su gobierno espió a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Macri había sido citado para el último jueves, pero la declaración se frustró porque el juez no había reclamado el levantamiento de esa restricción, lo cual obligó a Fernández a hacerlo en tiempo récord.
Desde el 6 de octubre el juez Bava sabía que Macri no había sido relevado del secreto de inteligencia, lo cual impedía que pudiera ser indagado en la causa donde se lo imputó por presunto espionaje ilegal. Fue el motivo por el que, después de que Macri pasó una hora en el juzgado de Dolores el jueves, se suspendió la audiencia. Tras el escándalo ocurrido, el magistrado pidió a Fernández que habilite al ex presidente a divulgar información secreta. Tras la autorización, se fijó una nueva fecha.
En el escrito que envió al Gobierno, el magistrado parece aceptar su grueso error. “Atento a lo solicitado por la defensa del imputado Mauricio Macri y por el fiscal federal en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma a fin de no afectar el derecho de defensa y evitar futuras nulificantes, requiérase al Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que de ser necesario releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520″.
Antes de partir hacia Roma donde participará del G20, el Presidente firmó el Decreto que sostiene, “Relévase al ingeniero Mauricio MACRI de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520” en el marco de la causa donde se lo imputó por presunto espionaje ilegal.
En tal contexto, el jefe de Estado consideró: “Que la causa mencionada en el Visto investiga la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley N° 25.520” y que “(…) sin perjuicio de ello, estando imputado el ingeniero Mauricio MACRI de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del Derecho de Defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente”.
Con el relevamiento firmado, el juez Bava en la resolución a la que accedió Clarín, expresó: “Convóquese al imputado a que concurra a la sede de éste Juzgado el próximo miércoles 3 de noviembre del corriente año a las 12 hs. a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N., por los mismos fundamentos, hechos y elementos de cargo descriptos en las anteriores tres convocatorias que le fueran realizadas, como así también que se pusieron en su conocimiento en el acto de fecha 28 de octubre pasado”.
El abogado de Macri, Pablo Lanusse, había solicitado la realización de la nueva audiencia indagatoria vía remota, esto fue rechazado por el juez Bava.
Al fundamentar su decisión dijo: “hágase saber que dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la AFI y que su asistido Mauricio Macri fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la referida Ley Nº 25.520 conforme esa misma parte solicitó, a fin que pueda ejercer debidamente su defensa, y en su caso, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal de autos; como ya ha sostenido éste Juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y en la sede de este Juzgado”.
La discusión en torno a la fallida audiencia, se centra en los plazos. Según reconstruyó Clarín, Bava contaba desde el 6 de octubre con una respuesta de la titular de la AFI, Cristina Caamaño, en la que le informaba que no podía relevar del secreto a Macri ya que era una atribución del Presidente. Pese a esa respuesta lo citó igual y finalmente tuvo que suspender la indagatoria.
Desde la defensa de Macri sostienen que esa actitud demuestra “la intencionalidad” del expediente, es decir “una causa política impulsada ahora con fines electorales”.
Al momento de explicar porqué se solicitaba el permiso de Fernández, el magistrado señaló que dicho pedido se encuentra “vinculado al requerimiento cursado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informe el tenor del cargo que le cupo al imputado y si correspondía relevarlo del deber ya mencionado”.
La interventora de la AFI le explicó juez que la Agencia “se encuentra supeditada tanto jerárquica como funcionalmente al presidente de la Nación y a las políticas que fije por imperio legal. Además la normativa vigente coloca en cabeza del Presidente de la Nación la facultad de decidir sobre la autorización de acceso a la información clasificada y sólo será el Presidente quien pueda delegar expresamente esa facultad en el funcionario que entienda”.
Con los sucesos de este jueves en el juzgado de Dolores, la defensa de Macri no descarta volver a realizar un planteo ante la justicia contra el accionar del juez. “Falta mesura y se trabaja con un calendario electoral y no judicial. Macri fue traído innecesariamente a Dolores porque el juez sabía que la audiencia no se podía celebrar”, planteó uno de los abogados de Macri.