Es el porcentaje de resolución más bajo de la década. A qué se debe y qué se puede esperar a futuro.
Con el fin de las medidas sanitarias más restrictivas y la vuelta a la actividad, en 2021 se iniciaron casi 80.000 juicios laborales por accidentes y enfermedades en Argentina, un número que está dentro de los parámetros normales. Lo que no fue normal fue la cantidad de causas que llegaron a sentencia: apenas el 15%.
Si se mira hacia atrás, la proporción de juicios resueltos (en el mismo año en que se iniciaron) fue siempre mucho mayor.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre 2011 y 2018 llegaban a sentencia, en promedio, el 81% de los juicios que se iniciaban cada año. En 2019 el porcentaje bajó a 51%; en 2020 (año de pandemia) se redujo al 39% y en 2021 alcanzó el 15% mencionado.
En consecuencia, en los últimos tres años el stock acumulado de juicios sin resolver fue subiendo hasta casi duplicarse: de los 156.297 casos que había a comienzos de 2019 se pasó a 283.057 en la actualidad.
Cabe aclarar que este dato no hace referencia a la totalidad de denuncias que se hacen por litigiosidad, sino a las que finalmente llegan a juicio.
Fuentes del sector explicaron que cerca del 85% de los trabajadores alcanza un acuerdo con la ART antes de recurrir a la Justicia. El 15% restante es el que compone los casi 80.000 juicios iniciados el año pasado.
Qué cambió
La fuerte caída en la cantidad de juicios con sentencia responde a varios factores. La abogada laboralista Yanina Anna explica que una de las causas principales de la lentitud del sistema es la entrada en vigencia de uno de los cambios previstos en la ley 27.348 sobre Riesgos del Trabajo (se aplicó en 2017 y las provincias han ido adhiriendo progresivamente).
“La nueva legislación creó una instancia administrativa previa. Los trabajadores deben realizarse obligatoriamente una serie estudios médicos para determinar la incapacidad derivada del accidente o enfermedad laboral”, comenta.
“Eso dilató mucho los procesos en general. No se permite hacer los estudios en cualquier lado y a veces los turnos tardan demasiado. Luego se debe pasar por una serie de instancias administrativas que tampoco son ágiles. Entre todo, pasa más de un año para recién empezar el juicio”, apuntó.
Una vez terminado ese proceso, llega el momento en que se establece la incapacidad y su gravedad. El 35% de los trámites no presentan incapacidad y, como consecuencia, se emite una disposición de clausura, que finaliza el procedimiento, y el damnificado tiene la opción de apelar el fallo.
Para el resto de los casos, en función de los resultados se determina un monto a pagar por parte de la ART. “La realidad es que las aseguradoras siempre buscan reducir ese valor. En consecuencia, apelan el fallo y delegan el caso a la Justicia”, detalló la abogada.
“Ahí empieza todo el proceso otra vez. No se vuelven a pedir estudios médicos, pero el caso ingresa a un sistema judicial que está totalmente saturado”, remarca Yanina Anna.
En resumen, Anna consideró que con la nueva legislación se agregaron más trabas a lo que ya había. “La idea de la instancia administrativa no es mala, pero en la práctica no funciona“, explica.
“La intención era descomprimir a la Justicia y resolver mucho en la instancia administrativa, pero lo cierto es que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) prefieren dilatar las instancias de pagos. Pagan intereses por las demoras legales, pero son alícuotas que están por debajo de la inflación”, agregó la especialista.
Fuera de eso, hay demoras administrativas que responden a cuestiones estructurales y vienen desde antes de la ley 27.348.
“En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la sede judicial no tiene una instancia de apelación fácil y directa. Hay que ir a la Corte Suprema de la Provincia para apelar. Los tiempos son realmente ilógicos para el movimiento y caudal de trabajo. Hay muchos expedientes que llegan y demoran muchísimo”, insistió.
El efecto Covid
En 2020 y 2021 las demoras burocráticas se complementaron con el giro de 180° que implicó la pandemia. Si bien muchas actividades laborales se frenaron a cero durante algún tiempo, las denuncias siguieron llegando y la capacidad de respuesta no fue la misma.
Para la abogada laboralista, la pandemia generó un cuello de botella muy grande en la Justicia que llevará varios años resolver.
“Se digitalizaron muchos procesos y eso fue positivo, pero la parte administrativa se ralentizó con el trabajo a distancia. La realidad es que todo se dilató mucho más y, cuando se liberaron las medidas sanitarias, entró una cantidad de demandas muy grande de forma abrupta. El sistema está colapsado”, concluyó Anna.