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La resolución fue notificada por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a todos los ministros y a Karina Milei.
Tras la polémica por los devaneos oficiales en cuanto a la posible modificación del decreto 823 de Alberto Fernández, que unificó la contratación de todas pólizas de empresas estatales en Nación Seguros y abrió la puerta a los famosos “brokers, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, notificó en las últimas horas a los ministros y a Karina Milei que no podrán incorporar “intermediarios” en los seguros oficiales.
Se trata de la segunda determinación del Gobierno en menos de una semana en relación al escándalo luego que decidiera desplazar a dos funcionarios de Nación Seguros, Mauro Tanos y Federico Eufemio, cuyas viviendas habían sido allanadas el pasado viernes por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa judicial que investiga por presuntas estafas al expresidente y a otros exintegrantes de su administración.
Este miércoles por la noche la Jefatura de Gabinete publicó una resolución, a través del sistema GDE (gestión documental electrónica), dirigida a los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Russo, Sandra Pettovello y también a la secretaria general Karina Elizabeth Milei, al secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo y al secretario de Prensa, Eduardo Serenellini.
El documento es escueto, pero busca mitigar la polémica por la vigencia de la normativa firmada por Alberto Fernández. “Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación”, en referencia a la eventual actuación de productores o “brokers” en esos convenios. El texto está firmado por Posse.
Se trata de la primera reglamentación de la administración libertaria que prohíbe taxativamente esta práctica más allá que aún hoy hay convenios que incluyen a productores, como el de Corredores Viales, que depende de la propia Jefatura, que fue renovado en enero por 3 meses por una cuestión de necesidad: no se podía dejar sin cobertura a las rutas federales y a los automovilistas que las transitan. Con todo, la decisión gubernamental es desprenderse en el corto plazo de todo intermediario que opere con los seguros oficiales.
Hace unas semanas en Nación Seguros, que conduce Alfonso Torres, habían advertido que aún quedaban un 15% de pólizas para cubrir entes oficiales en las que intervenían brokers y que no resultaría fácil darles caducidad en lo inmediato al tiempo que apuntaban a la Jefatura como la responsable de dar de baja el decreto de Alberto Fernández y eventualmente establecer nuevas reglas de juego para el sector.
El ministro coordinador y su equipo de asesores trabaja “para encontrar la mejor opción” respecto a la forma de contratación de estos seguros pero aún no decidió qué hacer con el mentado decreto. Pero producto de la necesidad y, quizás, de la profundización de la investigación judicial que disparó el caso revelado por Clarín, decidió emitir dicha resolución.
Voceros oficiales argumentan, no obstante, que la misma “refuerza” la manda oficial de “no contratar intermediarios” para las pólizas de organismos públicos que varios funcionarios habían declamado en los medios tras conocerse las presuntas maniobras con los seguros oficiales
La ministra más activa fue Sandra Pettovello quien, a través de su equipo legal, se presentó en la Justicia y aportó pruebas documentales sobre los “brokers” que operaban en las pólizas que cubrían eventuales siniestros en Educación, Trabajo y en los planes Potenciar Trabajo, por caso.