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Espionaje ilegal: a los jueces del caso Vialidad les hackearon los teléfonos cuando el abogado de Cristina preparaba su alegato

Crece el escándalo y se suman coincidencias. Los celulares de Rodríguez Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron intrusados días después de que un ladrón espiara sus declaraciones juradas de bienes.

El año pasado, con pocos días de diferencia, dos jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que juzgaba el caso Vialidad perdieron el control de sus celulares, mientras el juicio contra Cristina Kirchner se encontraba en etapa de alegatos de las defensas, después de un pedido de condena del fiscal Diego Luciani. La situación encendió luces de alerta: hacía semanas que en el Consejo de la Magistratura se había intrusado el área de declaraciones reservadas de jueces nacionales y federales. Esos mismos jueces fueron dos de las veinticuatro víctimas de esa violación ilegal. Además, la semana pasada se supo también  fueron “objetivos” del joven de 22 años que desde Misiones hackeó una extensa lista de teléfonos. ¿Las víctimas? Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Hace una semana, en su indagatoria, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro reconoció que hizo la maniobra de SIM SWAP contra el celular del ahora ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Pero durante las siete horas que declaró ante la jueza porteña Araceli Martínez y la fiscal especializada en cibercrimen Cecilia Dupuy, dio más detalles y contó sobre “otros objetivos” para los cuales lo contrataron.

Fue entonces que el hacker habló de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Ambos integran el TOF 2 que desde mayo de 2019 llevó adelante el primer juicio por hechos de corrupción contra Cristina.

Cuando el debate oral iba a ingresar en etapa de alegatos, con las nueve jornadas que tuvo a su cargo el fiscal Luciani en los primeros días de agosto y que concluyó con un pedido de doce años de prisión contra la vicepresidenta, una anómala situación alertó al Poder Judicial: la intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del Consejo de la Magistratura.

Se determinó que en esa intromisión se revisaron los sobres con los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2. Además de Giménez Uriburu y Basso, también espiaron la declaración jurada de su colega Jorge Gorini.

Los ciudadanos tienen acceso a la declaración jurada con los datos generales, pero no a los sobres donde están los número de cuentas bancarias y la dirección de las casas de los jueces, por ejemplo. A estos datos solo se puede acceder con una orden judicial.

En Comodoro Py sostienen que ese hecho se convirtió en “la antesala de una serie de hackeos” que podrían tener “relación con el hackeo iniciado desde Misiones” y que confesó el joven de 22 años.

El 13 de septiembre del año pasado, seis días antes de que inicie su alegato en el juicio el abogado de Cristina Kirchner -Carlos Beraldi-, el juez Giménez Uriburu denunció que la compañía prestadora de su línea telefónica celular había ordenado un cambio de chip que él no había gestionado ni autorizado.

Según refirió el magistrado en aquel entonces, Movistar le informó que le habían cambiado el chip de su dispositivo. Y luego le aclaraban que si él no había realizado la gestión podía comunicarse al teléfono de atención al cliente.

Un detalle: ese ataque ocurría mientras avanzaba el juicio oral a Cristina, y la vicepresidenta recusaba al magistrado por integrar un equipo de fútbol que participaba de un torneo que entre otras sedes se jugaba en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri.

Giménez Uriburu denunció la irregularidad en la justicia. Lo inquietó el posible acceso a los datos de sus cuentas bancarias, teniendo como antecedente lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura.

Fuentes de esa investigación indicaron a Clarín que “los informes remitidos por las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular no llegaban a identificar a quién vendió los chips, pero sí se llegó a establecer que el chip se compró en Misiones”.

Ese dato cobró mayor relevancia cuando la semana pasada Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó que entre sus “objetivos” para el hackeo de teléfonos se encontraba Rodrigo Giménez Uriburu. Todo lo hizo desde Eldorado, la localidad misionera cercana a Paraguay.

Otro dato es tenido en cuenta estos días en la justicia federal. El listado de teléfonos celulares que le habrían pedido al joven que hackee incluyó a Andrés Basso, otro de los integrantes del TOF 2.

El 30 de septiembre de 2022, veintisiete días después de lo ocurrido con el celular de Giménez Uriburu, Basso perdió el manejo de su celular. Se comunicó con Movistar y allí le plantearon que alguien, aduciendo ser el titular de la línea, había solicitado un reemplazo del chip de su teléfono.

Ante esa circunstancia, el juez realizó una denuncia administrativa entendiendo que los protocolos de seguridad de la compañía no funcionaron correctamente. Cuando su línea de celular se restableció, decidió no radicar la denuncia penal.

Habían pasado siete días desde que la vicepresidenta hizo su alegato en el juicio oral por el caso Vialidad.

Andrés Basso fue el único de los tres jueces que consideró que a Cristina Kirchner había que condenarla como jefa de una asociación ilícita, además de la acusación por el delito de administración fraudulenta.

También con un voto minoritario, el juez fue quien entendió que había pruebas suficientes para condenar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en el juicio por la defraudación al Estado de 8.000 millones de pesos a través de su firma Oil Combustibles. El único condenado fue Ricardo Echegaray como ex titular de la AFIP, no así los empresarios que a criterio de Basso fueron necesarios para que la maniobra se concrete.

El avance del caso por espionaje ilegal

El joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el único que confesó de cinco imputados en el expediente que tramita en la justicia porteña. Junto a él son investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, y otros presuntos integrantes de la red que se dedicaba a hechos de inteligencia ilegal: Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Todos tienen residencia en El Dorado, una localidad misionera fronteriza con Paraguay, aunque ostentan un dato singular: “para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas reservados en el Registro Nacional de las Personas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para cobrar por los hackeos encargados, Nuñez Pinheiro dijo que recibió por cada objetivo un promedio de 15 mil pesos y que le pagaron con criptomonedas. Por eso se investiga a la billetera virtual Lemon, desde donde cobró,  En esta etapa de la instrucción, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.

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