El fiscal Javier Ichazo pidió el levantamiento del secreto bancario de los acusados. Se sospecha que el grupo compró diversas propiedades con el dinero proveniente de adictos en tratamiento esclavizados en sus centros<
El fiscal Daniel Ichazo investiga la pista de posibles testaferros en La Razón de Vivir, la organización terapéutica acusada de esclavizar adictos en tratamiento que fue desbaratada la semana pasada, con 17 arrestos y más de 20 allanamientos.
Ichazo, como medida principal, pidió el levantamiento del secreto bancario de los acusados. Entre los detenidos se encuentra Marcelo “Teto” Medina, acusado de ser su cabeza de marketing y su principal reclutador. Medina convencía a famosos de que graben mensajes para apoyar al grupo que luego se difundían en sus redes, daba charlas junto al jefe máximo, Néstor Zelaya -que será indagado este jueves- y era una figura frecuente en los predios. También, diversos audios revelan que madres de adictos llamaban de su parte al jefe Zelaya para que ingresaran en tratamientos y luego vivir en condiciones infrahumanas.
Las familias de los adictos podían pagar entre 30 mil y 60 mil pesos mensuales de cuota, de acuerdo a su poder adquisitivo. Se cree que hubo, al menos, 200 víctimas. La sospecha del fiscal Ichazo, tras una investigación de la División Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, es que el grupo incluso canalizaba el dinero en la supuesta compra de propiedades. La Razón de Vivir no tuvo ni siquiera un CUIT a su nombre. “Hay boletos de compra venta”, asegura a Infobae una fuente clave del expediente.
El grupo, según pruebas a las que accedió este medio, incluso planeaba comprar un geriátrico.
También se identificaron dos figuras clave, dos administradores, Rosana Gómez y Rubén D., encargados de cobrar los abonos mensuales de las familias bajo ordenes de la sede de Florencio Varela. El dinero luego era desviado “al acopio de la asociación ilícita”, dice la imputación del caso- Rosana E., beneficiaria de planes sociales, es vecina de Quilmes, tiene 50 años. Hasta 2021, según sus registros, trabajó para una firma tercerizadora de limpieza de edificios. Se negó a declarar al ser indagada. Las sospechas apuntan específicamente a Rosana.
Hay un testimonio de un paciente en particular que relata la codicia del grupo. Corresponde a un joven santafesino que llegó a La Razón de Vivir a través de su perfil de Instagram principal, donde Medina era una presencia constante, con un programa semanal en Facebook live. Allí, el ex VideoMatch era anunciado como “parte del equipo interdisciplinario de nuestra institución y encargado de las Reuniones de Grupo motivacionales y proyecto de vida de nuestros chicos”.
Al santafesino lo obligaron a cortar leña, a limpiar baños, cocinas. Trabajaba de 7 a 20 horas, sin parar, excepto para comer fideos, arroz o polenta. Las piezas donde dormían eran compartidas por hasta 15 personas, algunas en el piso, otras en cuchetas. Se quiso ir varias veces, dijo, no pudo. “Me retenían el DNI y las tarjetas de crédito”, afirmó ante la Justicia. “Era imposible. Nos corrían y nos golpeaban”, siguió. Allí, relató la escala de valores, contó que había diferentes montos a pagar de acuerdo al interno. El paciente también describió otro punto particular en la vida de los hogares de La Razón de Vivir: lo llamó, un “kiosko”.
Allí, los internos depositaban su dinero, entregándoselo a Zelaya, o a varios de los coordinadores. “Créditos” fue el término. Cómo funcionaba ese kiosko es todavía un misterio.
“El Teto” llegaba una vez por semana al establecimiento para dar una charla.