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La Coalición Cívica pidió que el Gobierno amplíe la denuncia por cartelización a otras 14 prepagas

  • El espacio que lidera Elisa Carrió reclamó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que incluya a todas las prepagas en la cautelar.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió pidió este viernes ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que el Gobierno incluya a todas las prepagas en la investigación por cartelización, tras los fuertes aumentos registrados por las empresas de salud desde diciembre.

“El Gobierno no puede desentenderse del abuso sobre la clase media por parte de un grupo de empresas. Tienen el deber de cuidar a todos los usuarios de la medicina prepaga”, sostuvieron desde la Coalición Cívica en un comunicado.

Los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán ReyesMaximiliano FerraroRubén Manzi y Facundo del Gaiso presentaron un pedido de ampliación de las pruebas ante la CNDC para que “obligue a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a brindar la documentación que tiene en su poder sobre más de diez empresas de medicina prepaga, en la causa de cartelización”.

“El Gobierno que primero desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga. Ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”, apuntaron.

En el escrito, exigen que la Superintendencia “contribuya con la investigación y presente la totalidad de las comunicaciones que han realizado las empresas de medicina prepaga a sus usuarios; que presente el padrón completo de las empresas de medicina prepaga de todo el país, según su participación en el mercado; y que recupere el índice salud que mide el impacto de la variación de precios de los servicios relacionados con la prestación de salud”.

“La CC ve con mucha preocupación la falta de voluntad de colaboración de la Superintendencia de Servicios de la Salud en el expediente, ya que no incorporó las demás empresas previo a que se dicte la medida cautelar”, plantearon.

Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro durante un encuentro por zoom de la Coalición Cívica. Foto: ArchivoElisa Carrió y Maximiliano Ferraro durante un encuentro por zoom de la Coalición Cívica. Foto: Archivo

El pedido de la CC llegó 48 horas después de que el Ejecutivo nacional presentó una cautelar en la Justicia para que las compañías devuelvan lo que hayan cobrado por encima del IPC medido por el INDEC desde que se desreguló el sistema.

La resolución apunta a la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, quien hasta hace unos días era el presidente de la entidad y quedó en centro de una fuerte polémica con el Gobierno. Las empresas afectadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

En rigor, la CNDC determinó que “existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo” entre la compañías para fijar los precios del sector y emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que adoptara una medida de tutela anticipada “para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación”. La resolución surge a partir de una denuncia de cartelización presentada por legisladores de la Coalición Cívica en enero.

Tras el pedido de ampliación presentado este viernes, Reyes recordó: “Nosotros realizamos la primera denuncia en enero de este año, recopilando los testimonios de distintos ciudadanos que se acercaron a transmitirnos el problema de los aumentos desmedidos de las cuotas. Con esa información nos presentamos ante la CNDC para que investigue la posible cartelización de estas empresas para acordar una suba de precios conjunta”.

“Meses más tarde vimos que el Gobierno, que había habilitado con su DNU estos aumentos acordados y exagerados, acompañó nuestra presentación, pero sin realizar una investigación adecuada que incluyera a todas las empresas que hubieran aumentado del mismo modo. Por lo que quedaron más de diez empresas sin ser alcanzadas por las medidas, lo que desprotege a dos millones de beneficiarios”, agregó.

Por último, Reyes planteó que desde su espacio ven “como un incumplimiento grave que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no haya cumplido con su función de investigación e instrucción de la denuncia”.

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