Las restricciones dejan afuera a millones de vacunados en Sudamérica. Y abren el debate: ¿es protección o afectan la libertad individual?
Certificado Digital Verde o Green Pass. Es el “pasaporte COVID” que acaba de entrar en vigencia en la Unión Europea (UE) y permite a las personas vacunadas completamente, que tengan una prueba negativa del virus o se hayan recuperado recientemente de la enfermedad, desplazarse dentro del bloque. Pero atención a la primera parte de los requisitos.
La mayoría de las y los argentinos inoculados –claro, que no tengan ciudadanía europea o no se hayan vacunado en el exterior con las marcas aptas– no podrán acceder a ese pasaporte Covid free para entrar a Europa.
Hasta el momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sólo aprobó las vacunas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. No la china Sinopharm (ni Sinovac, que no se aplica acá), ni la rusa Sputnik V. Tampoco la Covishield, que tiene la misma fórmula que la AstraZeneca pero la EMA la considera distinta por su locación de producción, en un laboratorio aún a evaluar en la India.
Precisamente, la vacuna china y la rusa son las administradas en su mayoría en Argentina, y de la Covishield de aplicaron 580.000 dosis que llegaron en febrero. En México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú también se aplicaron marcas no aprobadas por la UE. Así las cosas, latinoamericanos con estas vacunas están hoy imposibilitados de ingresar a la mayoría de los países de Europa.
¿Es discriminación? ¿Es el derecho de un bloque a proteger a su comunidad? ¿Se tiene en cuenta la inequidad en el acceso a las vacunas y que en Argentina, por ejemplo, no se puede elegir cuál aplicarse? En esta nota, algunas respuestas desde las más altas autoridades sanitarias de la región, desde la bioética, el derecho constitucional y, también, la sociología.
Qué dice la OPS
¿La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda los pasaportes sanitarios? No. O no como única medida. Y pide que la UE apruebe todas las vacunas que ellos sí aprueban. Vale recordar que Sputnik no es aún una de las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sí lo es la de Sinopharm y, en este caso, los países europeos pueden permitir el ingreso de los vacunados, pero no están obligados a hacerlo.
“No se debe requerir una prueba de vacunación para emprender un viaje. Por varias razones. Una es que sabemos que aunque las personas estén totalmente vacunadas, existe riesgo de contagio y de que contagien. Un pasaporte de vacunación podría generar un falso sentido de seguridad. Por otro lado, hay muchos países que no tienen acceso suficiente a vacunas, y requerir ese pasaporte a los viajeros aumentará la inequidad”, detallan desde la OPS ante la consulta de Clarín.
La respuesta se torna ambigua frente al caso puntual de la Unión Europea. “El Green Pass es una medida para la aplicación selectiva de viajes, menos estricta, que se introdujo por cierres que se mantuvieron durante mucho tiempo. Sin embargo, aplicar sólo esa medida en cuanto a las restricciones, no es suficiente”, agregan. A la OPS siempre le pareció más efectivo el aislamiento y testeo de los viajeros que cualquier otro instrumento para el turismo.
El debate se funde entre las recomendaciones bioéticas y las recomendaciones jurídicas, en términos de Derechos Humanos. La Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, de 2005, establece que los estados deben promover un acceso equitativo a los adelantos en medicina, ciencia y tecnología y su rápido aprovechamiento.
Su artículo 15 marca puntualmente que, en épocas de pandemia, todas las personas deben poder gozar de la ciencia que permita salvarlas. En tiempos de coronavirus, eso se traduce en una o dos dosis.
Otro punto caliente que se plantea es la promoción de la Salud pública sobre el interés individual y comercial. Y el tema de las libertades individuales (que linkea directo a la acalorada polémica local sobre el cepo a los vuelos para evitar el ingreso de la variante Delta) es todo un tema. ¿Se restringen con un pasaporte Covid free?
“La Unión Europea es un bloque que funciona con políticas comunes. Si no aprueban una vacuna, por el motivo que sea, la respuesta es como bloque: ‘Acá van a entrar quienes tengan las vacunas que yo haya reconocido. Con otras, no’. Es un tema de decisión soberana de la UE. Después, lo que pase en cada uno de los países, como en Argentina, donde no entró la Pfizer, la Unión Europea no puede hacerse cargo”, dice el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Doble estándar
Aunque el pasaporte Covid pueda parecer que persigue un propósito legítimo, Ignacio Maglio, abogado y miembro del Consejo Directivo de la RedBioética de UNESCO, dice que hay que detenerse a analizarlo con precisión. Porque también puede ser un instrumento de discriminación.
“Puede establecer un doble estándar: que haya ciudadanos con un derecho humano, como es la libre circulación, y otras personas sin esos derechos”, arranca. En términos del sistema universal de Derechos Humanos, esto no es sólo una separación sanitaria, es “discriminación negativa”.
“Implica una exclusión y no tiene los elementos necesarios, según las Naciones Unidas (ONU), para que un acto no sea considerado en términos de discriminación”, sigue Maglio. Esos elementos son:ser “razonable, objetivo y perseguir un propósito legítimo”.
¿Por qué no es legítimo, si se decidió para proteger a las y los ciudadanos de una determinada comunidad? El experto levanta la mirada de su ombligo argentino y piensa en el reto del mundo.
“Hay más de 100 países donde ni siquiera se ha aplicado una sola dosis de la vacuna. Esto es lo primero que uno podría decir. Pese a que la Unión Europea diga que esto no se va a transformar en un problema para la libre circulación. Si no es así, ¿para qué se plantea? Argentina no tiene el mismo acceso a las vacunas, como bien universal, que otros países, eso es clave. Detrás de todo esto siempre están las limitaciones de la gente que no puede vacunarse”, marca.
¿Qué dice la sociología sobre esta suerte de visa epidemiológica? Daniel Feierstein, que además de sociólogo es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y autor del libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del Covid-19 (FCE), aclara que “es muy complejo de responder”. Pero se anima.
“La creación general de un pasaporte Covid tiene sentido. ¿Qué pasa con los que no tienen los requisitos por no tener tales vacunas? Se les debería permitir la instancia de vacunarlos u ofrecerles la posibilidad de hacer cuarentena en hoteles. Para que no sea sólo un control, sino que también ofrezcan alternativas. Si no se permite, es preocupante“, puntúa. ¿Por qué? Porque las vacunas aceptadas por la UE, dice, no son necesariamente las más efectivas, sino las producidas en países occidentales.
“Con el nivel de aplicaciones de Sputnik y Sinopharm en nuestro país, hay evidencia de efectividad. Que no estén aceptadas hoy da cuenta de la utilización geopolítica de los procesos de vacunación”, indaga.
Antes que cualquier pasaporte inmunitario, en los Zoom de universidades o congresos de Bioética y Derecho, se está debatiendo primero sobre la liberación de las patentes de las vacunas, que conllevaría a romper el cerco del “cepo” de la producción de una fórmula por tal laboratorio o país y permitiría su libre fabricación y distribución. Eso, que en un momento se consideró una posibilidad, nunca pasó.
Lo que sí se cumplió fue la promesa de tener un papel –o un QR– que permita atravesar Migraciones según el líquido que entró en tu brazo.