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Ley de Alquileres: Diputados inicia el debate en comisión de los proyectos presentados

Desde las 13 expondrán inquilinos y representantes del sector inmobiliario. El objetivo de la Cámara Baja es llegar a un dictamen unificado a fin de mes y que se trate en el recinto durante la primera semana de mayo

Con el objetivo de tratar una nueva Ley de Alquileres a principios de mayo, la Cámara de Diputados de la Nación iniciará este martes el debate en comisión de los proyectos presentados, con la exposición de inquilinos y representantes del sector inmobiliario.

Los legisladores comenzarán el análisis de las iniciativas en el marco de la Comisión de Legislación General, que quedó formalmente constituida el martes pasado bajo la presidencia de Cecilia Moreau (Frente de Todos). El encuentro -que se llevará a cabo de forma virtual- fue convocado para hoy a las 13, se extenderá hasta las 17 y luego pasará a cuarto intermedio hasta la semana próxima.

En esas cuatro horas está previsto que expongan 43 invitados: la mayoría son representantes de cámaras inmobiliarias y de asociaciones de inquilinos del interior del país; y en menor cantidad participarán tres asociaciones de defensa del consumidor, una cámara de propietarias y un par de centros de estudios.

De acuerdo al cronograma establecido, la comisión retomará el debate luego de Semana Santa con reuniones presenciales el martes 19 y el miércoles 20. Luego de estos encuentros, los diputados debatirán el martes 26 y el miércoles 27 para intentar llegar a un dictamen unificado. Si para esa fecha se logra sacar uno o varios dictámenes, el o los proyectos podrían tratarse en el recinto durante la primera semana de mayo.

De esta forma, se llegará a cumplir con el plazo que la Cámara Baja se autoimpuso, días atrás, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Semanas atrás, Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para derogar la cuestionada ley. Pero dado que no contaba con los números para aprobar ninguna iniciativa “sobre tablas”, el objetivo político fue simplemente presionar al oficialismo y forzar una respuesta. Finalmente, el titular de la Cámara, Sergio Massa, y los líderes parlamentarios de la oposición llegaron a un acuerdo para comenzar el debate y buscar alguna alternativa con amplio consenso para reformar o derogar la ley: una solución que regule la relación entre inquilinos e inmobiliarias en medio de un contexto de alta inflación.

Referentes del oficialismo y de la oposición coinciden en modificar dos artículos de la ley vigente, impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri: la duración de los contratos (que pasó de dos a tres años) y el ajuste anual de los precios por una fórmula que combina 50% inflación (IPC) y 50% variación salarial (índice Ripte).

Comisión de Legislación General liderada por la oficialista Cecilia Moreau como presidenta y Carla Carrizo (Evolución) como vice
Comisión de Legislación General liderada por la oficialista Cecilia Moreau como presidenta y Carla Carrizo (Evolución) como vice

Esta idea es respaldada por el sector inmobiliario. De hecho, más de 30 cámaras enviaron una carta conjunta a Massa, en la que pidieron volver al sistema de contratos a dos años y permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y actualización de los contratos.

Pese a que en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio están de acuerdo con que la ley tuvo un efecto negativo sobre los precios y la oferta de propiedades, diputados de ambos espacios presentaron más de una docena de proyectos diferentes.

Dentro del oficialismo, por ejemplo, el diputado José Luis Gioja propuso una iniciativa que incluye topes en los precios y un impuesto a las viviendas vacías. En cambio, Gisela Marziotta, confeccionó un proyecto propio que congela los aumentos hasta que se establezca un nuevo índice de actualización y la creación de una Cámara Nacional de Alquileres. Por su parte, Massa había anunciado que buscaba avanzar con la conformación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos referidos a la duración de los contratos y la actualización anual por el índice que combina inflación y evolución de los salarios.

Mientras que en JxC consideran que la derogación completa de la ley es la mejor alternativa y adelantaron que de ninguna forma apoyarán impuestos contra las viviendas “ociosas” como quiere Gioja.

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