Una banda liderada por presos y apoyada por una red de mujeres atacó a 18 víctimas en los últimos meses para llevarse medio millón de pesos. Doce sospechosos cayeron tras una investigación de la fiscal Lorena Pecorelli y el área de Crimen Organizado de la Bonaerense
La nueva generación de criminales que no deja de delinquir aún tras las rejas comienza a lanzarse, de a poco, hacia una nueva moda: las estafas y cuentos del tío que incluyen pornoextorsiones y engaños con perfiles falsos que incluyen varios relatos para captar efectivo en la calle o vaciar cuentas corrientes de home banking y redirigir el dinero. Los que cometen estas estafas son presos jóvenes, muchos ni siquiera con su primera condena, todavía a la espera de un juicio oral o un veredicto, sin una historia de raza en el hampa. Hay algunos asesinos, ladrones de poca monta, reconvertidos en cuenteros en sus pabellones. Siempre tienen una red de apoyo: familiares, amigos y cómplices participan en la jugada desde el exterior.
Es ciertamente una moda, dentro de un contexto general. Las estafas en general son el delito que más creció en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con un aumento del 17% en las estadísticas del primer año de pandemia, según la Procuración provincial. Ya habían aumentado 50% en el período anterior, según la misma fuente.
Hay una variante más grave: el cuento del falso policía, repetido en los últimos meses, donde un supuesto efectivo ataca a una víctima por diversas redes sociales o por teléfono. Primero, el falso policía anoticia a la víctima de una causa en su contra por un delito aberrante, abuso de menores. Luego, ofrece un arreglo.
Con este cuento, una banda atacó en los últimos meses a 18 víctimas para recaudar medio millón de pesos.
Así, comenzó una causa a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli de La Matanza, especializada en grooming y trata de personas, que designó a la División Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense
Así, se realizaron quince allanamientos que terminaron con ocho detenciones y aprehensiones, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La gran mayoría de las imputadas son mujeres, acusadas de actuar como enlaces y cobradoras. Cinco procedimientos ocurrieron en La Matanza, otros dos en Moreno, con otros procedimientos en Virrey del Pino y en la zona porteña de Flores. Las mentiras de la banda al Estado los terminaron por favorecer: en varios de los domicilios allanados no se encontró a los imputados con pedidos de captura. Habían dado esos domicilios falsos en registros como el RENAPER, nunca habían vivido en esos lugares ni los conocían.
Se cree, también, que un verdadero policía de la Bonaerense habría intervenido en los engaños. En las anotaciones analizadas en la causa se nombra una efectivo de la fuerza, destinada a una dependencia en Moreno. En una de las extorsiones se aportó su CBU para que depositen la plata del chantaje, un depósito que nunca fue efectuado.
Los presos involucrados también fueron allanados. La Bonaerense irrumpió también en las cárceles de Magdalena, Sierra Chica y Olmos. Entre los internos detenidos en la causa se encuentra Ezequiel Rubén Ortiz, de 26 años, encerrado en Olmos. Se sospecha que sería quien realizó la llamada incluida al comienzo de esta nota.
Se secuestraron 60 celulares que podrán ser peritados, así como nueve notebooks y tablets, discos rígidos, pendrives, cuadernos con anotaciones, más de 600 mil pesos y 1600 dólares.
Con respecto al penal de Magdalena, no es la primera vez que se alana por este delito. A fines del mes pasado, dos presos condenados por homicidio y parte de la familia de uno de ellos quedaron acusados de formar parte de una banda de estafadores y extorsionadores cuya base de operaciones era la cárcel de Magdalena.
La organización delictiva fue desarticulada por la Policía de la Ciudad, que detuvo a seis de sus miembros tras una investigación de cinco meses y luego de cuatro allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Martín Yadarola. Los procedimientos fueron en la Unidad Carcelaria 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense donde están alojados los dos presos por homicidio agravado y cabecillas de la banda; y en tres propiedades de San Fernando: secuestraron un arma y hallaron un depósito de bombos y banderas de la barra brava de Tigre.