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Otra posición controvertida: el Gobierno evitó condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

La Argentina se abstuvo en la votación de la OEA que condenó las detenciones a opositores del régimen de Daniel Ortega.

La Organización de Estados Americanos (OEA) votó condenar este martes en Washington la detención arbitraria por parte del gobierno de Daniel Ortega de 13 líderes opositores y candidatos presidenciales en Nicaragua, una decisión que la Argentina no acompañó porque prefirió abstenerse.

El Consejo Permanente del organismo fue convocado a una sesión virtual extraordinaria para tratar la situación de Nicaragua, a pedido de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay, otro signo de la fuerte presión internacional que pesa estos días sobre el país dirigido desde 2007 por Ortega y que hoy preside junto con su esposa Rosario Murillo.

La resolución adoptada por mayoría condena “inequívocamente” la detención, hostigamiento y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes en Nicaragua, y pide la “liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.

La votación de la resolución fue de 26 países a favor, 5 abstenciones (Argentina, México, Honduras, Belize y Dominica) y 3 en contra (Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Bolivia).

El gobierno nicaragüense arrestó en los últimos días a 13 figuras relevantes de la oposición entre las que figuran Dora María Téllez, una de las rebeldes clave del sandinismo de fines de los 70 en Nicaragua, y otros disidentes sandinistas y antiguos aliados de Ortega como el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, que fue vicecanciller entre el 79 y el 90. Con ellos ya son 13 los detenidos en las últimas semanas, incluidos cuatro candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre que ahora han quedado inhabilitados.

La mayoría está acusada de conspirar contra la independencia, soberanía y determinación de Nicaragua” y de “incitar a la injerencia extranjera”. Pero otros países de la región y en Europa las consideran “arbitrarias”, violatorias de los derechos humanos y una maniobra de Ortega para eliminar a la oposición de cara a los próximos comicios, una actitud similar a la del régimen chavista en Venezuela

Luego de emitir su voto de abstención, el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, leyó un comunicado conjunto entre nuestro país y México en el que manifestaron su “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”.

La declaración agregó: “Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política y rechazamos esta conducta”, aunque no especificó a qué países se refería.

Pero también señaló: “No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos”, y la “pretensión de imponer pautas de afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”. Por eso, aseguraron, que no era posible acompañar la resolución y así justificaron su abstención..

El tema es muy sensible para la Argentina, que ha mantenido silencio y se ha resistido a condenar los constantes arrestos de opositores y las violaciones de derechos humanos en Venezuela (la OEA denunció que desde 2014 hubo más de 15.000 detenciones arbitrarias).

La posición de nuestro país sobre Nicaragua, que tiene un gobierno con el que el kirchnerismo ha mantenido menos relación, estuvo siendo analizada muy detenidamente, dado que es un tema importante en este momento para el gobierno de Joe Biden y su política sobre los derechos humanos en la región.

En cambio, el presidente Alberto Fernández tuvo menos dudas en salir enseguida a manifestar su “preocupación” ante la “represión desatada ante las protestas sociales en Colombia” y reclamar al gobierno de Iván Duque que cese la violencia.

Para Estados Unidos el tema es importante en su política de promoción de derechos humanos en América latina. De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llamo al canciller Felipe Solá el viernes para que acompañara a su país en la resolución en la OEA.

También la situación en Nicaragua fue tema de conversación en las diversas reuniones que mantuvo el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que está aquí en Washington como el más alto funcionario del gobierno de Alberto Fernández que ha visitado Estados Unidos hasta el momento. Massa se ha visto con representantes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y congresistas demócratas y republicanos y el tema de los derechos humanos estuvo siempre en la agenda.

Según supo Clarín, la decisión de la abstención tuvo más que ver con la controversia que mantiene el gobierno de Fernández con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que con la situación en Nicaragua, por la que los argentinos dicen estar realmente procupados. El Gobierno ve al uruguayo como un funcionario que auspicia causas personales que no representan la totalidad de los países y que no quieren que Nicaragua se convierta en “otra Bolivia”. Esto se lo planteó Massa a la funcionaria del Departamento de Estado que visitó esta tarde, Julie Chung.

La resolución aprobada pide “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos a los medios de comunicación independientes y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.

Además, expresa una “grave preocupación porque el gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales previstas, a fin de garantizar que las elecciones de noviembre sean “libres y justas”.

También, insta “enérgicamente al gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables” para unas elecciones y justas, y que reciban “observadores electorales fidedignos de la OEA y otros países”.

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