También piden el cobro del medio aguinaldo y que no se den de baja a los 250.000 beneficiarios que la AFIP detecto con incompatibilidades
“Sin poder popular, No hay justicia social”. Esa es la consigna que los movimientos sociales oficialistas, nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), difundirán en las asambleas y concentraciones que desde las 10 de la mañana realizarán en el Obelisco Porteño, y otros puntos del país, para hacer escuchar sus protestas “contra el ajuste a los que menos tienen” y para exigirle al gobierno de Alberto Fernández -del cual forman parte- “que deje de dar bajas arbitrarias a los beneficiarios del Potenciar Trabajo” y “cumpla con el fortalecimiento de la economía popular”.
La medida fue votada el viernes pasado en el corte del Puente Pueyrredón y que puede derivar en la “Navidad de los pobres”, esto es, largas mesas al aire libre con alimentos, pan dulce y sidra la noche del 24 de diciembre; un hecho político que implementaron en el gobierno de Mauricio Macri.
Fernández en persona intentó evitar la protesta de su tropa propia. Invitó a la Casa Rosada a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y titular de la Secretaría de Economía Social; Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social e la Nación.
Convinieron depurar recién en febrero el padrón de titulares del programa Potencial Trabajo que está compuesto por más de 1.300.000 beneficiarios, en el cual habría, según un informe de la AFIP, 253.184 personas con incompatibilidades. Postergar la decisión de desenganchar a ese programa social del salario mínimo vital y móvil y el pago de medio aguinaldo y abonar el mes atrasado de noviembre si la justicia lo autorizaba, también forma parte de lo acordado.
La ministra Tolosa Paz y el secretario de Estado, Emilio Pérsico fueron denunciados ante la justicia por el fiscal Guillerno MarijuánEl último tema no era menor. El fiscal Guillermo Marijuán acuso a Tolosa Paz de malversar causales públicos, abusar de su autoridad e incumplir con sus deberes de funcionaria por no haber dado de baja a los titulares con incompatibilidades para continuar dentro del programa.
El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del ministerio de Desarrollo Social ayer y hoy, según prometió la ministra, el Estado comienza a depositar el beneficio en la cuenta de los titulares. Este hecho hacía prever que los dirigentes sociales iban a levantar la medida, sin embargo, eso no ocurrió.
“Este derecho lo conquistamos hace seis años en la calle y nunca lo vamos a resignar. Por eso sigue firme nuestra Jornada Nacional para ratificar este derecho y no permitir bajas arbitrarias de este programa de trabajo”, precisaron desde la UTEP a través de un comunicado.
El reclamo está dirigido a la ministra de Desarrollo Social que la semana pasada pidió que la justicia releve del secreto fiscal a la AFIP para que su titular, Carlos Castagneto, informe los nombres de cada una de las personas que se presume no cumplen con los requisitos para ser titular del programa.
A través de un comunicado, los voceros de la ministra, revelaron que se dieron de baja a otros 20.410 personas. Hasta ahora la ex diputada había reconocido la baja de menos de 4.000 titulares que, según los datos del Banco Central había comprado divisas.
“No es suficiente con el pago atrasado del mes de noviembre, también exigimos el aguinaldo para el sector y que no desvinculen nuestro salario del Mínimo, Vital y Móvil que nos permite tener un piso mínimo garantizado”, le dijo a este medio Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP.
Por esa razón, las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos, anunciaron que hoy “estaremos en las calles de todo el país para reafirmar que no puede haber ajuste con los y las de abajo. Sin poder popular, No hay justicia social”.
Entre los que saldrán a la calle a protestar está incluido el Movimiento Evita. Emilio Pérsico, uno de sus líderes, es el responsable de la administración del Potenciar Trabajo. Por esa razón, el fiscal Marijuán le imputó el mismo delito que a Tolosa Paz.
También lo hará el Movimiento Trabajadores Excluidos, liderado por Juan Grabois. El dirigente popular acusó a la ministra de “contarle las costillas a los pobres y no a los que fugaron divisas del país”. De las asambleas barriales y en el Obelisco tomará parte Somos Barrios de Pie, que se referencia en Daniel Menéndez, funcionario de Desarrollo Social, el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez, y entre otros espacios la Corriente Clasista y Combativa, del diputado nacional Juan Carlos Alderete.
“Los sectores populares, los trabajadores informales, los jubilados y el conjunto de la clase obrera, viene atravesando situaciones muy criticas producto de la alta inflación y los salarios por debajo de la pobreza”, le dijo el legislador a este medio y recordó que “a esto, debemos sumarle lo acontecido en los últimos días, querer dar de baja 250 mil planes por presuntas incompatibilidades, y el no pago de los haberes de todos los compañeros y compañeras del Potenciar Trabajo. Seguiremos movilizados hasta que estos temas se resuelvan”.
La autorización judicial para liquidar el pago del Potenciar Trabajo llegó en medio de la marcha que realizaron ayer frente al ministerio de Desarrollo Social los piqueteros de izquierda. Realizan los mismos reclamos que los dirigentes sociales oficialistas.
Una combinación que presagia un diciembre con las calles pobladas de consignas de protestas y reclamos que el Frente de Todos realizará esfuerzos ingentes para evitar.