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Por la inflación y las presiones internas, Massa define un bono para los más pobres

Alcanzaría a 2 millones de personas y se cubrirá con los más de $ 200.000 millones de ingresos por el dólar soja. Los piqueteros preparan más cortes.

Después del reclamo de Cristina Kirchner por los datos de pobreza del INDEC y las protestas piqueteras, el Gobierno avanzará esta semana en la definición de un refuerzo a los sectores más pobres y nuevos acuerdos de precios. El ministro de Economía trabajó con su equipo el sábado y domingo en la agenda de esta semana, dentro de la cual está prevista una reunión con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Massa tiene que definir aún el monto que destinará de la recaudación obtenida por el “dólar soja”. Dicho programa permitió el ingreso de US$ 8.126 millones y recursos fiscales por más de $ 200.000 millones. La medida prevé que se creará un fondo por el cual se financiará “una prestación monetaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”

Según anticipó Clarín, el Gobierno planea destinar más de $ 70.000 millones a garantizar el acceso a la canasta de alimentos ($17.148 en agosto), después de conocerse que la indigencia subió al 8,8% en el primer semestre y alcanzó a 4,1 millones de personas. Fue la vicepresidenta quien solicitó “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

La idea es que el beneficio alcance a cerca de 2 millones de personas, según fuentes de Desarrollo Social, y se tendrá en cuenta si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno, las provincias, la Ciudad o los municipios. El decreto 576/2022 faculta a Economía establecer la proporción destinada al beneficio social y a incentivos a los productores.

De confirmarse que cerca de un tercio de lo recaudado iría a contener la mayor indigencia por la aceleración de la inflación, el Gobierno afrontaría un costo fiscal en torno al 1% del PBI. Se trata un cálculo similar al del proyecto de ley de la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina, para garantizar un piso equivalente a la canasta alimentaria para 1,7 millones de beneficiarios. La diferencia es que Massa busca que sea extraordinario y transitorio.

En ese caso, la medida sería bastante menos costosa que los $ 200.000 millones (2,26% del PBI) que transfirió el gobierno desde mayo, cuando todavía Martín Guzmán era ministro de Economía y decidió otorgar un bono por única vez de hasta $18.000 a 13 millones de personas, en particular monotributistas, trabajadores informales y jubilados. Massa ya anunció un refuerzo en las asignaciones familiares y otro a los jubilados.

En paralelo, desde junio Economía empezó a pisar el gasto y luego Massa recortó el gasto, congeló la planta de empleados y comenzó a auditar los planes sociales. La aceleración de la inflación, sin embargo, reactivó las protestas de gremios y movimientos sociales. Después de acampar la semana pasada frente a Desarrollo Social y movilizarse al Ministerio de Trabajo, Unidad Piquetera lanzará esta semana más de 20 cortes en el país si no hay respuesta.

La secretaría de Comercio Interior, por otra parte, trata de “apurar” para fines de esta semana la renovación de Precios Cuidados, con la inclusión de primeras marcas y una canasta más reducida. El programa vence este viernes y será tema de conversación este lunes en la reunión de la Cámara de Industrias Productoras de Alimentos (COPAL). El Gobierno también busca cerrar este lunes con los frigoríficos la nueva etapa de Cortes Cuidados.

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