La indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue suspendida hoy a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un trámite que fue cumplimentado horas después por un decreto del presidente Alberto Fernández.
La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, luego de recibir el pedido verbal del abogado Pablo Lanusse y tras solicitar la opinión del fiscal Juan Pablo Curi, que fue favorable al planteo del exmandatario, según reconstruyó Télam.
Por la noche, Fernández firmó el decreto de relevo a Macri del deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un paso necesario para que el exjefe de Estado brinde su declaración indagatoria.
A través del decreto 750, al que tuvo acceso Télam, el mandatario relevó a su antecesor en el cargo de la “obligación de guardar secreto y confidencialidad, en el marco de la causa No 8559/20 caratulada “Iuspa Benítez, Nicolás y otros s/Averiguación de delito querellante: Mereles, Andrea Alejandra y otros”.
Lo hizo por la condición del expresidente de “imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales”.
El juez había aclarado al finalizar la audiencia de hoy que fijaría una nueva fecha para tomarle indagatoria a Macri una vez que el Presidente respondiera el requerimiento que se le cursó durante la tarde.
La suspensión de la indagatoria generó malestar en los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, que expresaron su indignación y tristeza en las distintas entrevistas que concedieron a los medios que cubrieron la secuencia.
“¿Era necesario el circo que armaron hoy? Me queda más que claro que se siguen cagando en los 44 (víctimas del hundimiento del submarino), ¿no podían elegir otro día?”, dijo Isabel Polo, la hermana de un tripulante, en declaraciones al canal de noticias C5N.
La abogada Valeria Carreras, patrocinante de una de las querellas, opinó a través de un comunicado que Macri “no tuvo voluntad de declarar” en la causa por presunto espionaje ilegal, al remarcar que la indagatoria constituye “el momento de defensa por excelencia” que le permite a los imputados manifestarse libremente, “incluso mentir”.
El pedido de suspensión se desató cuando el juez Bava, después de leerle la imputación a Macri, relató que el 6 de octubre había recibido una repuesta de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se señalaba que si alguien tenía la facultad de levantarle el secreto al expresidente era, por una cuestión de jerarquía, su sucesor en el cargo.
En la misma respuesta, de todas formas, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, había señalado que había mecanismos posibles para que la indagatoria se llevara a cabo: “En caso de que el expresidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley Nro. 25.520 modificada por la Ley Nro. 27.126, deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”, dejó asentado.
El trámite de la audiencia de hoy duró menos de una hora, durante la cual un grupo de dirigentes del PRO esperó al expresidente en las inmediaciones del juzgado.
Estaban allí, entre otros, la titular de ese partido, Patricia Bullrich; el diputado nacional Waldo Wolf, el encargado de la movilización Hernán Lombardi y el secretario de Macri y candidato a legislador porteño, Darío Nieto.
Durante la previa, Macri y Bullrich encabezaron un acto breve en la Plaza Castelli, de Dolores, y hablaron sobre un escenario que habían ayudado a montar los empleados de la municipalidad que conduce Luis María Camilo Etchevarren, quien ofició de anfitrión de dirigentes del PRO.
Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno”.
Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, reza la imputación del juez Bava, expuesta en el llamado a indagatoria.
En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la casa militar.
“Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”, se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.
A pesar de que Macri afirmara que la de hoy fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
En aquellas declaraciones, Macri sostuvo además que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.
Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
Sobre ese punto, justamente, el fiscal Curi solicitó ayer una serie de medidas de prueba: pidió cite como testigos a las ex “máximas autoridades” de la AFI desde 2001 a la actualidad, a excepción de los procesados en la causa Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, procesados en esta causa.
También solicitó que se requiera la normativa vinculada al funcionamiento de la Casa Militar y que la AFI informe si existe en el organismo algún área que se denomine “Avanzada Presidencial”.
FUENTE : TELAM